¿Qué derechos tienen las personas y empresas en un procedimiento sancionador?

Cuando la Administración inicia un procedimiento sancionador, muchas personas y empresas desconocen que cuentan con una serie de garantías legales que deben ser respetadas en todo momento.

Conocer los derechos en un procedimiento sancionador administrativo es fundamental para poder defenderse correctamente y evitar sanciones indebidas.

En este artículo te explico, de forma clara y práctica, cuáles son los derechos que asisten tanto a particulares como a empresas conforme a la normativa vigente.

Derechos generales frente a la Administración

En primer lugar, a toda persona o empresa presuntamente infractora le resultan aplicables los derechos reconocidos a cualquier persona en el artículo 13 de la Ley 39/2015, que regula el Procedimiento Administrativo Común.

Entre estos derechos destacan:

• Derecho a comunicarse con la Administración a través de medios electrónicos.
• Derecho a acceder a la información pública, archivos y registros.
• Derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos.
• Derecho a identificar a las autoridades y personal al servicio de la Administración bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

Estos derechos se aplican en cualquier relación con la Administración, incluido el inicio de un expediente sancionador.

Derechos de los interesados en el procedimiento sancionador

Además de los derechos generales, quien tenga la condición de interesado en un procedimiento sancionador cuenta con las garantías recogidas en el artículo 53.1 de la Ley 39/2015.

Entre las más relevantes:

• Derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento.
• Derecho a obtener copia de los documentos contenidos en el expediente.
• Derecho a formular alegaciones.
• Derecho a aportar pruebas.
• Derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la Administración.
• Derecho a interponer recursos administrativos.

Estos derechos son esenciales para ejercer una defensa efectiva frente a la Administración.

Derechos específicos del presunto infractor

Cuando la persona o empresa tiene la condición de presunto responsable, el artículo 53.2 de la Ley 39/2015 reconoce garantías adicionales, pues la Administración debe notificar:

• Los hechos que se imputan.
• La infracción que esos hechos podrían constituir.
• La sanción que podría imponerse.
• La identidad del instructor.
• La autoridad competente para resolver.
• La norma que atribuye la competencia sancionadora.

Además, existe el derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (derecho a la presunción de inocencia)

La carga de la prueba corresponde a la Administración, no al ciudadano o empresa.

Principios que debe respetar la Administración en un procedimiento sancionador

Además de los derechos anteriores, la Administración debe respetar los principios recogidos en la Ley 40/2015 y en la Constitución Española, entre ellos el principio de legalidad, de tipicidad, de proporcionalidad o de responsabilidad.

La vulneración de estos principios puede ser motivo de anulación de la sanción.

Si has recibido una notificación de inicio de expediente sancionador, un análisis jurídico desde el inicio puede marcar la diferencia entre el archivo del expediente y una sanción firme.

En el despacho, especialistas en Derecho Administrativo y procedimientos sancionadores, analizamos tu caso concreto y te asesoramos sobre la mejor estrategia de defensa.